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LA URGENCIA DEL PLAN GENERAL


Cuando hemos conocido la Declaración de Impacto Ambiental que han emitido los técnicos de la comunidad autónoma, ha quedado muy claro que Andreo nos ha mentido otra vez a todos los totaneros.  
 
A primeros de agosto pasado el alcalde nos dijo que ya tenía el documento, y nos quiso vender la moto de que esta declaración de impacto era favorable, cuando estaba plagada de reparos y las enmiendas que habrá que hacerle al Plan serán tantas que supondrá un nuevo documento. 
 
Cuando le pedimos el documento nos negó su existencia, pero ha tenido la mala fortuna de que se ha filtrado, y en estos momentos ya hay muchas personas en el municipio que disponen de una copia. 
 
Lo que, según hemos podido leer, dicta el documento es una verdadera patada en la boca a las pretensiones de Andreo de seguir adelante con este Plan General; lo que han dicho los técnicos regionales es que este plan general es un plan inviable, un plan que traería problemas al municipio y al medio ambiente. 
 
Y además que nos ha traído ambiciones desmedidas y mucha corrupción, algo que se está demostrando día a día. Llevan 7 años y medio dándole vueltas al Plan General, con dos mayorías absolutas, pero su incompetencia es tal que no han sido capaces de sacarlo adelante, sumiendo a Totana en una falta de legislación sobre urbanismo que está llevando a muchas empresas de la construcción a la ruina. 
 



La gente sensata de la construcción sabe que Andreo les ha salido rana, que ya es incapaz de sacar adelante nada, de manera que lo importante ahora es sanear y consensuar con urgencia. Esperamos que cada cual dé la talla desde su responsabilidad.

EL DINERO DE LOS CONVENIOS


Son más de 18 Millones de euros lo que el ayuntamiento ingresó al mando de Morales y Andreo, procedentes de los convenios urbanísticos. 
 
Algunos constructores dieron un dinero al ayuntamiento para que se recalificaran unos terrenos con el fin de hacer nuevas urbanizaciones. La institución municipal, por su parte, se comprometía a conseguir que su Plan General (que ahora tiene que aprobar la Comunidad Autonóma) contemplara la legalidad de esas construcciones. 
 
Pero en el proceso de tramitación debió de haber algunas irregularidades que está investigando la Justicia y que ha detenido o ha retrasado toda esta más que sospechosa gestión. Evidentemente muchos de esas urbanizaciones no van a salir adelante, porque eran claramente ilegales y, sobre todo, porque siendo realistas el mercado no absorbería ni una décima parte de lo que estaba previsto hacer. 
 
Vamos que casi ninguno de los constructores que se lanzó a la piscina dando dinero al ayuntamiento tiene la más mínima intención de materializar aquellos proyectos. 
 
¿Qué va a pasar entonces? 
Pues que tarde o temprano vamos a tener que devolver los más de 18 Millones que recogieron y que se han gastado nadie sabe en qué. Otra losa más que nos echan encima estos administradores manirrotos que nos han llevado a la ruina.

El Impacto Medioambiental del Plan General


El 5 de agosto pasado el alcalde mintió a todos los totaneros al salir anunciando que tenía la Declaración de Impacto Medioambiental que es el gran filtro que debe pasar el Plan General de Totana. 
 
En su rueda de prensa todavía se pueden escuchar las afirmaciones del alcalde dando leña a la oposición que somos los malvados que obstaculizamos el Plan, pareciendo olvidar que tiene una abrumadora mayoría absoluta y que en Murcia gobiernan los suyos; también entonces Andreo invitaba a los medios de comunicación de que pasaran a su despacho para ver el documento. 
 
Desde la oposición hemos estado buscando la Declaración de Impacto y, como no la hemos encontrado, se la pedimos a través de una Comisión. 
 
Entonces, siguiendo su demagogia habitual, nos dice que lo único que queremos es cobrar los 30 € que pagan por ir a las comisiones; también nos dicen en Junta de Portavoces (a la que vamos y no cobramos, claro) que el alcalde al día siguiente iba a ir a esa comisión a decir que no tenía nada. 
 
¡Ya está bien de tomar el pelo a los totaneros y a los concejales!

¿QUIÉN HIZO EL PLAN GENERAL?


El viernes de la semana pasada, en la presentación del libro de Gregorio Romero sobre Sierra Espuña, al final de la presentación un muchacho incontrolado preguntó al alcalde si después de su discurso rimbombante a favor de medio ambiente, si seguía apostando por los convenios urbanísticos. 
 
El caso es que el alcalde se azoró y empezó a decir que él no tenía nada que ver con ese plan, que él no tenía competencias cuando se hizo (!!!) 
 
Con lo cual estaba colgándole el mochuelo a su buen amigo Carrión. ¡Qué compañerismo!  
 
Además dijo que  el informe de impacto medioambiental estaba hecho (aunque no está publicado, claro), que él lo había podido leer y que había correcciones en 84 páginas, con cambios muy sustanciales, de manera que a la gente más ecologista les iba a gustar mucho. 
 
De hecho Andreo llegó a decir que iba a ser una gran sorpresa y que sería como un nuevo plan; añadió también que al haber tantos cambios lo mismo hay que volver a revisarlo, incluso habrá partes que tendrán que volver a redactarse...
 
Imagínate el tiempo que puede tardar eso, cuando el mismo alcalde ha afirmado que el Plan estaría aprobado antes de final de año… Pero bueno, ¡ha dado tantas fechas ya que en esta tampoco lo vamos a creer!
 
 
 

LOS CHANCHULLOS DEL PLAN GENERAL


Acabamos de saber que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha declarado ilegales la contratación del abogado y del arquitecto a quienes encargaron la redacción del Plan General. 
 
El Tribunal dice que Morales y Andreo se saltaron a la torera la Ley para darle un suculento contrato a quienes ellos quisieron. Se le advirtió de la ilegalidad en el Pleno, pero pasaron soberanamente de las advertencias; se denunció por lo contencioso-administrativo, pero tampoco se quedaron conformes y recurrieron al TSJ (si fuera con su dinero veríamos cómo lo mirarían más…). 
 
Ahora han fallado una sentencia que no pueden recurrir más en la que dicen que Morales y Andreo  no fueron nada legales, porque no se han hecho los trámites legales establecidos, porque no existen informes, ni pliego de condiciones, ni clausulas, ni aprobación de gasto, ni el informe de intervención y que además ha vulnerado una decena de artículos de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas. E
 
El contrato en cuestión pudiera haber estado en vigencia 55 meses, con lo que la cantidad abonada al equipo redactor por parte del ayuntamiento ascendería a 637.000 € (¡más de 100 millones de pesetas!). 
 
Ahora el TSJ tendrá que aclararnos el alcance de la sentencia, ya que podría dejar sin efecto el documento del PGOM; habrá que saber también si tienen que devolvernos a los totaneros que lo hemos pagado el dinero cobrado y si hay alguna responsabilidad penal en los responsables políticos que hicieron la adjudicación saltándose descaradamente la Ley.



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