Acabamos de saber que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha declarado ilegales la contratación del abogado y del arquitecto a quienes encargaron la redacción del Plan General.
El Tribunal dice que Morales y Andreo se saltaron a la torera la Ley para darle un suculento contrato a quienes ellos quisieron. Se le advirtió de la ilegalidad en el Pleno, pero pasaron soberanamente de las advertencias; se denunció por lo contencioso-administrativo, pero tampoco se quedaron conformes y recurrieron al TSJ (si fuera con su dinero veríamos cómo lo mirarían más…).
Ahora han fallado una sentencia que no pueden recurrir más en la que dicen que Morales y Andreo no fueron nada legales, porque no se han hecho los trámites legales establecidos, porque no existen informes, ni pliego de condiciones, ni clausulas, ni aprobación de gasto, ni el informe de intervención y que además ha vulnerado una decena de artículos de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas. E
El contrato en cuestión pudiera haber estado en vigencia 55 meses, con lo que la cantidad abonada al equipo redactor por parte del ayuntamiento ascendería a 637.000 € (¡más de 100 millones de pesetas!).
Ahora el TSJ tendrá que aclararnos el alcance de la sentencia, ya que podría dejar sin efecto el documento del PGOM; habrá que saber también si tienen que devolvernos a los totaneros que lo hemos pagado el dinero cobrado y si hay alguna responsabilidad penal en los responsables políticos que hicieron la adjudicación saltándose descaradamente la Ley.
0 comentarios:
Publicar un comentario